El pasado mes de julio hizo exactamente un año que la Asamblea de la Comunidad de Madrid (España) aprobó por unanimidad la ley integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, siguiendo a Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares y Galicia, que ya la habían aprobado. El 12 de mayo del presente año el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, y de igualdad social de las personas LGTBI[1] que se prevé su discusión en el Congreso de los Diputados el próximo otoño.
¿Por qué una Ley de esta naturaleza?
No existe una respuesta única ni simple, pero hay un motivo muy convincente: las víctimas por el acoso y las agresiones físicas, incluso la muerte, siempre están del lado de las personas LGTBI. La violencia homofóbica es protagonista en todo el mundo. Los actos homofóbicos abarcan desde la intimidación psicológica sostenida hasta la agresión física y, en algunos países, la tortura, el secuestro y el asesinato selectivo. Los actos violentos ocurren tanto en la calle como en las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares, etc. Los datos oficiales sobre la violencia homofóbica son incompletos y las estadísticas oficiales escasas porque se estima que en el 80% de los casos las víctimas no denuncian por miedo o por vergüenza (unfe.org).
Las Naciones Unidas, en su sección “Libres & Iguales”, afirma “que los Estados están obligados en virtud del derecho internacional a proteger el derecho de las personas LGBTI a la vida, a la seguridad de la persona y a no ser sometida a torturas o malos tratos. Los Estados tienen la responsabilidad especial de adoptar medidas para prevenir los asesinatos motivados por el odio, las agresiones violentas y la tortura y de investigar esos delitos rápida y concienzudamente y de llevar a los responsables ante la justicia.”[2].
Quienes se oponen a dicha Ley aluden que ésta atenta contra la libertad de la que se supone deben gozar los padres para educar a sus hijos conforme a sus creencias y principios; que la orientación sexual LGTBI es una opción elegida voluntariamente por parte de dichas personas y que los derechos que reclaman obedece a una “ideología de género” orquestada. El sector religioso – más opuesto aún a dicha Ley– arguye además que la misma es un cortapisa a su libertad de proclamar su mensaje heterosexual exclusivo (de ahí su temor a las represalias que puedan derivarse de dicha Ley).
Como ya conocen los lectores de Renovación, la línea editorial de esta revista no solo respeta a las personas LGTBI –porque no cree que su orientación sexual sea una opción–, sino que defiende el derecho que tienen a realizarse libremente según su orientación sexual sin ser discriminadas, acosadas y agredidas. De ahí la necesidad de una Ley que garantice dicho derecho de igualdad social, y acote el señalamiento de los mensajes homófobos y la agresión verbal y física que otros realizan legitimados por dichos mensajes. Entre la discriminación, el acoso y el linchamiento de los que son objeto el colectivo gay, y el respeto y la defensa de sus derechos, elegimos esto último, primero por una cuestión de justicia social y, segundo, por empatía y espíritu cristiano. Jesús de Nazaret, creemos, estaría del lado de las víctimas, y éstas, a todas luces, son las personas LGTBI. Ahí están los datos. “La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio apoya al agresor, nunca al agredido” (Elie Wiesel).
Emilio Lospitao
[1] http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-122-1.PDF
[2] https://www.unfe.org/system/unfe-22-UN_Fact_Sheets_-_Spanish_v1d.pdf
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